El primer fin de semana de campaña en Andalucía ha comenzado con mal pie para los socialistas. La orden de ingreso en prisión de uno de los imputados por el caso de los ERE, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pone en cuestión la gestión del Gobierno socialista y da más ventaja al PP para justififcar el cambio de poderes en la región andaluza. La jueza ha concluido que Guerrero otorgó más de 800 ayudas “omitiendo el procedimiento legal” para beneficiar a familiares y amigos.
Según el auto, Guerrero concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía”.
En este sentido, acusa a Guerrero, además, de omitir el cumplimiento de la normativa comunitaria en las ayudas directas a empresas, así como de incumplir incluso el procedimiento previsto en el convenio marco.
La magistrada ha adoptado esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.
Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público, que ha pedido además que Guerrero pague una fianza, en concepto de responsabilidad civil, de 933 millones de euros, mientras que todos los abogados de las defensas se han opuesto a la petición de prisión y el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha defendido que no existe riesgo de fuga y que, en el momento actual, “ya no se pueden destruir documentos”.
La juez imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Fernando de Pablo, abogado defensor de Francisco Javier Guerrero, ha lamentado en la madrugada de este sábado la decisión de la juez. De Pablo no comparte al riesgo de fuga esgrimido por la juez y, además, ha anunciado que reclamará que la Junta de Andalucía sea “apartada como acusación” en esta causa. “La Junta de Andalucía no puede estar como acusación cuando, teóricamente, debe ser responsable” de los hechos investigados, ha manifestado el abogado, para quien “lo que haya actuado o no” Francisco Javier Guerrero, “ha sido como administración”, en alusión a su antiguo cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
“Llevamos tres días de declaración, no tendría ningún sentido que se fuese mañana”, ha manifestado el letrado señalando que él mismo está “un poco decepcionado” por la orden de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
El ingreso en prisión del primer imputado por el caso de los ERE, que además es un alto cargo de la Junta de Andalucía, pone en jaque el inicio de la campaña electoral en la región para los socialistas, hecho que ha aprovechado el Partido Popular para cargar contra la gestión del PSOE.
Desde Marbella Resiste lo único que le podemos desear a este sinvergüenza, y todos/as los/as políticos/as de su calaña, es que se pudra en la cárcel el resto de sus día. ¡BASTA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS! ¡CADENA PERPETUA PARA ESTOS CHORIZOS !
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