Pero el ex juez estrella prefirió centrar su investigación en los crímenes del franquismo, a pesar de que la Asociación de Familiares de Víctimas de Paracuellos presentó una querella en la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, que en 1936 era consejero de Orden Público de la Junta de Defensa y responsable, por tanto, de la matanza.
Garzón desestimó en 1998 la querella, sin entrar siquiera al fondo de la cuestión, y llegó a tachar a los querellantes de actuar con “mala fe” (¿?). La asociación quiere que se esclarezca una matanza de más de 4.000 personas, ejecutadas sin juicio, que ha sido calificada de “genocidio” por los historiadores. Pero Baltasar Garzón justifica su negativa, alegando que en Paracuellos no hubo delitos contra altos cargos de la Nación.
No es así. Magistrados, ex ministros, concejales, diputados o generales fueron sacados de las cárceles y fusilados en Paracuellos.
Algunos de ellos eran muy significados. Es el caso de Federico Salmón, ex ministro de Trabajo de la República. Entre los parlamentarios, destacan José del Moral, diputado por La Coruña (1933-1936), o Ricardo Cortés Villasana, diputado de la CEDA por Palencia. También figuraban altos cargos de las Cortes en Gobiernos anteriores, como Miguel Colom, concejal del consistorio madrileño y antiguo diputado del Partido Conservador, o Jesús Cánovas del Castillo, diputado conservador entre 1921 y 1923.
Altos cargos de la Nación en Gobiernos anteriores eran el almirante Mateo García de los Reyes, ex ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, o Joaquín de Montes, ministro de Justicia en 1930, durante la dictablanda del general Berenguer.
También había en la lista de fusilados magistrados como Pablo Callejo; o altos cargos militares como los tenientes generales Rodríguez Casademunt y Jorge Fernández-Heredia; el general de brigada Juan Micheo; el general de Marina Esteban Martínez Cabañas o el almirante Juan Magaz. Todo ello sin contar decenas de coroneles del Ejército de Tierra o capitanes de navío de la Armada. Más de 700 jefes militares fueron asesinados en Paracuellos.
Pero por ceñirnos a la excusa esgrimida por el juez Garzón nos referimos expresamente a los generales y almirantes, que eran propuestos por el ministro de la Guerra y tenían por tanto consideración política, con lo que se pueden considerar altos cargos.
Además de Paracuellos, la Cárcel Modelo de Madrid fue otro sangriento escenario de ejecuciones sin juicio y también a altos cargos de la Nación, y Garzón tampoco lo investigó. Es el caso de Melquíades Álvarez, diputado por Madrid y ex presidente de las Cortes. El fundador del Partido Reformista no era alguien precisamente sospechoso, pues era un firme defensor del republicanismo.
En esa misma cárcel fueron asesinados por la Consejería de Orden Público Manuel Rico Avello, ex ministro de Hacienda y ex alto comisario de la República en Marruecos; Álvarez Valdés, ex ministro de Justicia; Martínez Velasco, ex ministro de Estado, o Rafael Salazar Alonso, ex titular de Gobernación. En Cuenca sería ejecutado Marcelino Valentín Gamazo, ex fiscal general de la República, nombrado en 1935 por Alcalá-Zamora.
La URSS lo confirma
De la masacre de Paracuellos es responsable directo Santiago Carrillo por su puesto en la Junta de Defensa de Madrid. A la abundante historiografía existente hasta la fecha (desde Felix Schlayer a Ricardo de la Cierva, pasando por el revelador trabajo de César Vidal, Paracuellos-Katyn) se ha sumado recientemente el ensayo de un historiador de izquierda, Paul Preston. Se trata de El holocausto español. El propio Carrillo se vio obligado a admitir, tras publicarse ese libro, que “estuve implicado... pero no di la orden de matar”. Preston, sin embargo, restó credibilidad al ex dirigente comunista y aseguró: “Sus mentiras sobre la matanza me parecen infantiles”.
La responsabilidad directa de Carrillo en millares de crímenes ha sido confirmada tras la apertura de los archivos de la antigua URSS. Al respecto, existe un documento de Gueorgui Dimitrov, agente de la Komintern. El texto, de 30 de julio de 1937, señala que el peneuvista Irujo quería detener a Carrillo, “secretario general de la Juventud Socialista Unificada, porque cuando los fascistas se estaban acercando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos”.
Carece, por tanto, de argumentos Garzón para negarse a investigar las masacres cometidas por la izquierda. En realidad, esta ha sido su actitud en sus cruzadas judiciales contra dictadores. Así, encausó a Pinochet, por crímenes contra la humanidad, pero no aceptó otras acusaciones formuladas ante la Audiencia Nacional por los abusos de Obiang o Fidel Castro.
