La realización de estas pruebas deriva del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Este real decreto establece que el esfuerzo de integración social puede ser alegado por los extranjeros como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización de trabajo o de residencia.
La prueba que realizarán los primeros interesados en obtener el certificado consta de 20 preguntas tipo test sobre las materias siguientes: valores constitucionales del Estado español, derechos humanos y libertades públicas; valores estatutarios de las Islas Baleares; valores de la Unión Europea; igualdad entre hombres y mujeres; derechos humanos, y lenguas castellana y catalana.
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