Una niña sudanesa, momentos antes de embarcar en un avión israelí rumbo a su país.
Las autoridades israelíes han puesto ya en marcha el programa de deportación de los ilegales africanos. Un avión despegó ayer domingo desde el aeropuerto Ben Gurion con 120 sudaneses a bordo en dirección a Juba, la capital del Sudán del Sur. Esta es la primera etapa de la expulsión prevista de miles de inmigrantes ilegales.
Los ilegales que han aceptado abandonar Israel voluntariamente han recibido a pie de avión 1.000 euros por adulto y 400 por menor de edad. Un próximo vuelo está previsto para la semana que viene.
Entre tanto, se incrementan las redadas policiales contra la presencia de inmigrantes ilegales en el país. Las detenciones “proseguirán hasta que se detenga a todos los que están aquí sin permiso”, dijo una fuente de Interior.
Las redadas tienen lugar días después de que el Tribunal de Distrito de Jerusalén diese su visto bueno a la deportación de los inmigrantes de Sudán de Sur, pese al conflicto que atraviesa el país con el vecino Sudán que ha generado medio millón de refugiados.
La corte rechazó el recurso que habían presentado diversas organizaciones de derechos humanos contra la decisión en marzo del ministro de Interior, Eli Yishai, de poner fin a la política de “protección colectiva” que impedía expulsar a quienes solicitaban el estatus de refugiado.
Se calcula que en Israel residen de manera ilegal unos 60.000 inmigrantes, la mitad de los cuales son africanos, de los que -según el Gobierno- entre 1.000 y 1.500 serían sursudaneses, una cifra que ONG locales elevan a entre 5.000 y 7.000.
En las últimas semanas se han registrado crecientes protestas e incidentes violentos contra los inmigrantes africanos, que han seguido a casos de violencia de los que se acusa a algunos de estos extranjeros.
Recientemente, el Ministerio israelí del Interior validó una ley extiende a tres años el plazo en que las fuerzas de seguridad pueden mantener detenida a una persona que entre en el país de forma ilegal.
Orit Ruden, de la Organización de Ayuda a Refugiados y Solicitantes de Asilo (ASSAF), aseguró que los detenidos “son solicitantes de asilo”.
“La mayoría de ellos han esperado unos seis años para obtener respuesta a su solicitud, pero no lo han conseguido y ahora les quieren expulsar a Sudán del Sur, donde incuestionablemente se enfrentarán a una situación de riesgo, tanto desde el punto de vista de seguridad como del humanitario”, señaló.
“La corte ha decidido que está bien quitarles la protección colectiva, pero también ha establecido que tienen derecho a solicitar asilo de forma individual y, dos días después, las autoridades han comenzado a arrestar a familias y niños en mitad de la noche sin darles tiempo para pedir el estatus de refugiado”, dijo.
Ruden añadió que “no son criminales, no han cometido ningún delito. Han pedido sus derechos de forma legal, pero el Ministerio de Interior ha decidido tratarlos como criminales”.
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