El 7 de junio pasado un juzgado israelí autorizó la expulsión de cerca de 1 500 sudaneses del sur en situación irregular en el país desués de haber rechazado un recurso de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según el juez: “Hay dificultades en el Sudán del Sur y un cierto grado de inestabilidad, pero eso ocurre sobre todo en la frontera norte y en algunas otras zonas en conflicto. La mayor parte del territorio no se encuentra en esa situación”.
El ministro del Interior israelí Elie Yishaï puso fin en enero a la política en vigor desde hace varios años que consistía a permitir a los sudaneses del sur una protección colectiva que impedía su expulsión. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían llevado el caso ante la justicia argumentando que aunque el Sudán del Sur había logrado la independencia en julio del 2009, esto no había supuesto el fin de la guerra con Sudán, y que la pobreza y la falta de acceso a los servicios médicos seguía afectando al país.
La presencia en Israel de 60 000 inmigrantes ilegales, mayormente sudaneses y eritreos, ha provocado en mayo episodios de violencia racista y una encendida polémica. Israel tienen relaciones dipomáticas con la República de Sudán del Sur, pero en cambio no mantiene ninguna relación con Sudán, al que acusa de ser una base para los terroristas islámicos.
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