TdE/Aunque Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida (IU) siempre han denunciado y “combatido” un sistema electoral que consideran injusto, apoyaron una enmienda en la reforma de la Ley Electoral, aprobada el pasado mes de enero en el Congreso, para torpedear a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria, forzándoles a recoger avales como condición para poder concurrir a las urnas.
La enmienda en la proposición de ley para la reforma del Régimen Electoral General dice textualmente: “Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones, necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección”.
Dicho de otra forma, los 88 partidos que presentaron listas en las últimas elecciones generales y no obtuvieron ningún escaño deberán recoger unas 35.000 firmas, si aspiran a tener candidaturas en todo el territorio nacional para las elecciones del próximo 20-N. Las únicas formaciones que no tendrán que superar ese obstáculo son las 10 que lograron al menos un diputado en la anterior cita electoral: PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria, Nafarroa Bai, UPyD e IU.
Si bien es cierto que tanto UPyD como IU votaron en contra de la nueva ley electoral, que fue finalmente aprobada con el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV. No menos cierto es que presentaron sendas enmiendas a la totalidad con sus correspondientes textos alternativos. Y en ambas se introducía la exigencia de avales para los partidos de nuevo cuño y los que carecen de presencia en Las Cortes.
Las dos enmiendas a la totalidad de IU y UPyD fueron rechazadas, pero consiguieron que las trabas que ambas formaciones habían tratado de imponer a los partidos minoritarios saliesen adelante al ser incorporadas por el PSOE y el PP al texto final de la reforma electoral.
La exigencia de avales para presentarse a las elecciones del 20-N y a las sucesivas convocatorias electorales será un obstáculo casi insalvable para muchos partidos y coaliciones, alterando el principio de libre competencia electoral y frenando el pluralismo político.
Además, los partidos sin representación parlamentaria que quieran concurrir a las elecciones del 20-N sólo dispondrán de 20 días para la recogida de avales.
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