EL "SOLIDARIO" GOBIERNO VASCO SEGUIRÁ OFRECIENDO ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA A LOS INMIGRANTES ILEGALES

Miles de personas recorrieron ayer las calles de Barcelona en protesta por los recortes.

La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, rechazó ayer la medida anunciada por el Gobierno central de «restringir el acceso normalizado» a la Sanidad a inmigrantes sin papeles, por considerarla «dura y equivocada». La ministra de Sanidad, Ana Mato, adelantó el pasado viernes que el Ejecutivo del PP modificará la Ley de Extranjería, de modo que a los inmigrantes se les exigirán una serie de requisitos -demostrar que trabajan y pagan impuestos- para otorgarles la tarjeta sanitaria. Hasta ahora era suficiente con estar empadronados.

En un comunicado, Zabaleta solicitó que la legislación de extranjería se modifique pero «para permitir que las personas inmigrantes, al empadronarse, puedan tener un ‘permiso provisional revisable’ con el fin de poder trabajar». Destacó que si tienen un empleo «no dependerán de las prestaciones sociales, ni serán objeto de la economía sumergida». «El camino correcto es luchar contra las mafias y la economía sumergida, a través de la transparencia y de la legalidad, pero eso no se hace modificando la ley para restringir la sanidad», resaltó. La consejera insistió en que no se debe «condenar a las personas a la precariedad, a los subsidios y negarles la atención médica». «La gran equivocación es permitir el empadronamiento e impedir trabajar», subrayó.

Mato justificó ayer esta medida para evitar los «abusos» de muchos extranjeros que se empadronan en España con el fin de recibir asistencia sanitaria gratuita. La ministra señaló que se quiere acabar con ese ‘turismo sanitario’, una laguna legal que ha permitido a miles de extranjeros (700.000 en 2009) ser atendidos sin que les costara ni un euro. De rebote, también afectará a los inmigrantes. Al exigirles residencia fiscal, los que estén en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños.

Por su parte, la Asociación de Consumidores en Acción, Facua, alertó ayer de que la retirada de las prestaciones sanitarias a inmigrantes sin legalizar «es una inmoral perversión, que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos».