El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, solicitó por carta al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que el Gobierno anule el tratado Schengen de libre circulación de ciudadanos por los países de la UE durante la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) prevista en Barcelona del 2 al 4 de mayo.
La carta con fecha 16 de abril, el conseller reclama la medida para poder controlar a posibles alborotadores que quieran llegar a Barcelona en los próximos días, “teniendo en cuenta la afectación y ámbito internacional de los actos previstos, así como la más que probable existencia de amenazas contra el orden público y la seguridad interior”.
La petición se justifica para el conseller ante el riesgo de que “se produzcan movilizaciones por parte de colectivos de radicalidad extrema contrarios a estos eventos”, y pide que se haga efectivo entre el 23 de abril y el 4 de mayo.
Se trata de controles en las principales vías de acceso a la capital catalana que tienen por objetivo “detectar e interceptar movimientos de colectivos que por su carácter violento y beligerante pueden afectar de forma grave el pacífico desarrollo de los actos previstos”.
Las mismas fuentes han precisado que las fuerzas de seguridad tienen informes que apuntan a la llegada de elementos descontrolados, especialmente desde Italia y Grecia.
Esta petición se basa en el artículo 23 y siguientes del Reglamento 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fijan un Código comunitario de normas para el paso de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Este reglamento contempla restablecer los controles de las fronteras interiores si existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, iniciativa que corresponde ejercer al Estado español ante los Estados miembros y la CE.
Más de 7.000 policías se desplegarán en Barcelona durante la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, 4.500 mossos d’Esquadra y más de 2.500 policías nacionales y guardias civiles, han indicado a Europa Press fuentes de Interior, aunque todavía se desconoce en que cuerpo policial recaerá el mando del operativo.
El sistema se blinda ante la presencia en la capital catalana del máximo órgano rector del BCE, formado por seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de cada país de la zona Euro.
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