El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 incluye un duro recorte de de 27.300 millones de euros. Estos presupuestos, que si bien contentarán a Bruselas en el cumplimiento del déficit público, lastarán aún más el crecimiento y el empleo en España.
Se reducirá el gasto de los ministerios en un 16,9%, hasta los 65.803 millones; manteniéndose la congelación del sueldo de los funcionarios y de las prestaciones básicas -pensiones y seguro de desempleo-.
Aunque el Gobierno no subirá de momento el IVA si modificará el impuesto de Sociedades para grandes empresas y acometerá una amnistía fiscal con la finalidad de regularizar 25.000 millones que han escapado al control de Hacienda, bien porque se han desviado a paraísos fiscales o porque circulan por la economía sumergida. Cuando el propio presidente del Ejecutivo y líder de los populares, Mariano Rajoy, la tildó de ocurrencia, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de impresentable o injusta, hace menos de dos años.
También subirá la luz y el gas y reestructurará la fiscalidad del tabaco para recaudar 150 millones más este año. Cuando el recibo de la luz que pagan las familias españolas es el más caro de Europa
Pero el ajuste también afectará a los servicios públicos. El Gobierno recortará en 1.557 millones de euros la partida destinada a políticas activas de empleo y la destinada a dependencia, entre otras.
También rebajará el presupuesto del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial en 78,1%, que contará con 114 millones de euros.
Además se destinarán 322 millones menos a las ayudas para el acceso a la vivienda. En infraestucturas, se reducirán en 144 millones las inversiones, al tiempo que caerán en 287 y 427 millones las aportaciones para ADIF y SEITTSA.
La reducción de las transferencias de Educación, excluidas becas, alcanzará los 530 millones.
El Partido Popular estaba en contra de subir los impuestos y de perdonar a aquellos que no los pagan. En unos meses ya han hecho las dos cosas: han subido los impuestos a los trabajadores y empresas y han aprobado una amnistía fiscal para cuadrar el recorte del déficit.
El Estado ha empleado más de 110.000 millones de euros de recursos públicos en ayudar al sistema financiero, y se prevé que en los próximos meses éstas aumenten. Que contrasta con el nulo apoyo familias y empresas.
Resulta evidente que estas ayudas han sido absolutamente ineficaces, pues únicamente han provocado la necesidad de inyectar más dinero público al sistema financiero. No solucionado nada, sino, todo lo contrario, ha agravado la situación; manifestando que lo que realmente importa es la situación de las familias y empresas, lo que constituye la economía real, frente a la economía financiera.
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