BOLETÍN INFORMATIVO DISIDENTE NACIONAL REVOLUCIONARIO

lunes, 28 de mayo de 2012

EL GOBIERNO DE ISRAEL PLANEA MULTAR A LOS ALCALDES QUE CONTRATEN A INMIGRANTES



El ministro de Interior de Israel, Eli Yishai, ha indicado este jueves que planea multar a los alcaldes de localidades israelíes que contraten a trabajadores inmigrantes para evitar que “den empleo a infiltrados”.
“Emplearán a israelíes en su lugar. El lugar de los infiltrados es el país del que han venido”, ha dicho Yishai, según ha informado el diario israelí ‘Haaretz’.
Respecto a las manifestaciones que tuvieron lugar el miércoles en el país, en las que se solicitó la expulsión de los inmigrantes ilegales y en las que estuvieron presentes varios parlamentarios, Yisahi ha manifestado que condena el comportamiento de los mismos en las marchas.
“La lucha se hubiera llevado mucho mejor sin el innecesario fervor de los políticos ayer”, ha valorado. Los parlamentarios Miri Regev –ex portavoz del Ejército–, Danny Danon –miembro del comité parlamentario para Asuntos de Inmigración, Absorción y Diáspora– y Yariv Levin –presidente del comité de cámara del Parlamento–, todos ellos del Likud, estuvieron presentes en la protesta.
En declaraciones a los presentes, Regev tildó a los inmigrantes ilegales de “cáncer” y prometió hacer todo lo posible “para devolverlos al lugar a donde pertenecen”.
Por su parte, Danon indicó que la única solución es “empezar a hablar acerca de su expulsión”. “Hemos de expulsar a los infiltrados de Israel. No debemos tener miedo a decir las palabras ‘Expulsión ahora’”, agregó.
“Los infiltrados son una plaga nacional y debemos deportarles antes de que sea demasiado tarde. Los sudaneses pueden volver a Sudán, y el resto deberían ser deportados a otros países de África y Europa del Este”, dijo Danon, que preside el lobby ‘Deportación Ahora’.
“El Estado de Israel está en guerra contra un Estado enemigo compuesto de infiltrados y localizado dentro de Israel. Su capital es el sur de Tel Aviv. ‘Deportación Ahora’ es la única solución”, espetó. Durante la manifestación, muchas personas criticaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y mostraron su apoyo a Yishai.
APLICACIÓN PREVIA
Fuentes cercanas a Yishai han explicado que, hasta ahora, la política de multar a alcaldes sólo había sido implementada en los casos en que estos fueran declarados culpables de prácticas incorrectas, tales como malversación de fondos públicos.
Yishai enviará una carta la semana que viene a los alcaldes para solicitarles que se ciñan a la circular ministerial de 2011 sobre la contratación de trabajadores inmigrantes.
La alcaldía de Tel Aviv ha dicho en respuesta que “no contrata a infiltrados ilegales y únicamente se ha acercado a compañías de contratas que trabajan en base a la ley y no contratan infiltrados”.
EPISODIOS DE VIOLENCIA
La protesta del miércoles, en la que algunos de los presentes atacaron a varios inmigrantes africanos que pasaban cerca, se saldó con 17 detenidos –once menores de edad y seis adultos–.
La Policía israelí procedió a los arrestos por desórdenes públicos, intento de agresión, posesión de armas blancas y robo en varias tiendas de la zona. Además, dos ciudadanos sudaneses han presentado denuncias por agresiones ante las autoridades.
El portavoz de la Policía, Micky Rosenfeld, dijo que los efectivos policiales están en alerta en Tel Aviv y otras localidades del país para asegurar que los disturbios violentos no se extienden. Protestas similares han tenido lugar en las localidades de Eilat, Ashdod, Ascalón, Sederot, y Bnei Brak.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Por otra parte, más de 1.100 personas han firmado una carta circulada por el director de la organización Paz Ahora, Yariv Oppenheimer, para solicitar la apertura de una investigación criminal contra los parlamentarios que acudieron a las manifestaciones anti inmigración en Tel Aviv.
La carta, que ha sido enviada al fiscal general de Israel, Yehuda Weinstein, ha solicitado que se abra una investigación contra Regev, Danon y Levin.
“Está claro que nuestra petición es inusual, pero la situación es inusual y peligrosa”, apunta la misiva. “Sin la activa y decisiva acción de los cuerpos judiciales, incluyendo la apertura de procedimientos contra los parlamentarios que estuvieron al frente de la ola de agitación, los discursos y los ataques se convertirán en un verdadero perjuicio a la vida human”, agrega.
Por otro lado, unas 200 personas se han manifestado en la capital para protestar por los hechos ocurridos durante la protesta del día anterior. Uno de los organizadores de la marcha ha coincidido en que hay que solucionar la cuestión, pero “no a través de la violencia hacia los ciudadanos, refugiados o inmigrantes inocentes”.
Yael Weisbach, un activista que apoya a una organización de refugiados, ha asegurado que “la escena del miércoles fue extraída de una película del Holocausto”. “Odiar al otro por el color de su pies es un pecado de sangre. Estamos perdiendo nuestros valores”, ha denunciado.
REACCIÓN INSTITUCIONAL
Por su parte, el presidente israelí, Simon Peres, ha manifestado que “el odio a los extranjeros contradice las bases del judaísmo”. Horas antes, Netanyahu rechazó los comentarios vertidos por los parlamentarios presentes en la manifestación y la violencia desatada asegurando que “no hay espacio para este tipo de declaraciones y actos”.
“Se lo he dicho a las autoridades públicas y a los residentes del sur de Tel Aviv, aunque entiendo su dolor. Resolveremos este problema, y lo haremos de forma responsable”, señaló.
Sin embargo, Netanyahu aseguró que se debe detener la llegada de extranjeros a Israel, subrayando que el Gobierno resolverá de forma “responsable” el “problema de la inmigración”, después de que el miércoles se manifestaran unas mil personas para solicitar a las autoridades la expulsión de los inmigrantes en situación ilegal.
Netanyahu defendió que se deben detener las infiltraciones de sus fronteras en un encuentro con menores del valle del Jordán. El primer ministro manifestó que la valla que está construyéndose en la frontera con Egipto estará completada en meses y que a partir de ese momento, el Ejecutivo expulsará a los inmigrantes a sus países de origen.

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