El Ayuntamiento de Marbella ha decidido entrar en acción contra la medida adoptada por el Gobierno andaluz de bloquear a la ciudad los dos millones de euros de los fondos PIE (Participación en los Ingresos del Estado) correspondientes a este mes. Dos semanas después de denunciar públicamente el asunto, y sin que hasta el momento se haya recibido notificación alguna por parte del Gobierno andaluz, el equipo de gobierno municipal recurrió ayer el asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
A lo largo de 16 folios, el recurso no solo pone de manifiesto la realidad económica de las arcas municipales, sino que argumenta la «ausencia de soporte legal» de la decisión de la Junta. «Nos encontramos con que la Junta ha actuado por la vía de los hechos. No tenemos notificación alguna ni tampoco explicación sobre el tema», explicó el portavoz municipal, Félix Romero.
El Consistorio entiende que el asunto no es nuevo para el Ejecutivo andaluz. De hecho, la hemeroteca les ha sacado a la luz los casos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Diputación de Granada que en su día se enfrentaron a una retención de fondos que acabó con los tribunales dándoles la razón. Marbella adopta ahora uno de los argumentos que estas dos administraciones pusieron sobre la mesa en su defensa. Se trata del supuesto el incumplimiento por parte de la Junta de la Ley de Autonomía Local que establece que en estos supuestos de bloqueo de fondos es obligatorio dar audiencia a la administración afectada, «extremo que en nuestro caso no se ha producido al igual que tampoco hemos recibido resolución alguna sobre la decisión adoptada», aseguró el portavoz municipal.
El equipo de gobierno municipal ha reclamado ante el Contencioso Administrativo que se aplique la vía urgente de modo que en unos dos días se ordene a la Dirección General de Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda para que cese en el bloqueo de los fondos. Asimismo reclama que en el caso de que no se estime oportuno ese plazo, se adopten medidas cautelares «para que el dinero retenido se devuelva».
En la redacción de la denuncia no se ha escatimado en detalles acerca de la «complejísima situación financiera del Ayuntamiento y la necesidad de no sufrir ningún menoscabo en los ingresos regulares para que ninguno de los vencimientos que tenemos pueda verse afectado». También se ha dejado constancia de que las deudas tributarias contraídas por parte de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Marbella, según la jurisprudencia, tienen una ejecutividad inmediata de tal manera, según expuso Félix Romero, que «nosotros estaríamos liquidando las aportaciones que tenemos que realizar por el anticipo reintegrable hasta marzo de 2013».
Origen del conflicto
La decisión de la Junta obedece al desacuerdo entre ambas administraciones sobre la forma de devolver el anticipo reintegrable de 100 millones de euros que la Administración andaluza concedió al Ayuntamiento en abril de 2006 y que permitió a la ciudad cumplir con sus compromisos durante los 14 meses de funcionamiento de la gestora tras la disolución de la corporación municipal.
En una situación económica límite, el ejecutivo de Ángeles Muñoz entregó el año pasado a la Junta patrimonio inmobiliario -en concreto la antigua sede de Urbanismo- para ir haciendo frente al pago de los intereses. Ahora, el Ayuntamiento había propuesto que los plazos se cancelaran mediante la compensación de la millonaria deuda que la Junta mantiene con Marbella por el impago del IBI de los inmuebles que la Administración andaluza posee en la ciudad, especialmente el Hospital Costa del Sol.
El bloqueo de las transferencias del Estado, que no se hacen directamente a los ayuntamientos sino a través de la Junta, sorprendía al Ayuntamiento en medio de esas negociaciones.
El argumento esgrimido hasta ahora por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, es que esa congelación de fondos pone en una situación complicada a la institución municipal, que depende de esos recursos para su funcionamiento básico incluido el pago de la nómina de sus 3.200 trabajadores. Y así se lo hizo saber directamente a los interesados en un encuentro mantenido en el Palacio de Ferias con representantes del comité de empresa.
Acciones sin respuesta
La regidora detalló las acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento, de las que hasta el momento no se han obtenido frutos, y advirtió de la situación en la que pueden quedar las arcas municipales, con serios problemas de liquidez para asumir incluso el pago de las nóminas. «No podemos dejar pasar los días y que esta decisión de la Junta nos coloque en una situación en la que hasta el momento nunca había estado Marbella. El Gobierno andaluz nos ha dejado en una posición complicada a efectos de liquidez, sobre todo teniendo en cuenta los pagos que estaban presupuestados. Incluso ante el abono de la nómina en su totalidad o ante algunos de los pagos que nos parece que son absolutamente ineludibles», explicó.
Muñoz quiso aclarar el origen del conflicto abierto entre las dos administraciones, y expuso con detalle los pagos que cada mes salen de las arcas municipales para afrontar el pago del anticipo reintegrable. «No estamos pidiendo no pagar. Nos están cobrando casi dos millones de euros al trimestre por una deuda histórica que ellos dijeron que habían tenido con la ciudad al no haber invertido en Marbella. En vez de darnos el dinero, nos concedieron un crédito con intereses», criticó.
Los representantes del comité de empresa del Ayuntamiento eludieron una valoración tanto del encuentro como ante la posibilidad de que se dejen de abonar las nóminas como viene vaticinando el Consistorio. «Queremos mantener una reunión de trabajadores y hacer nuestros cálculos antes de tomar ninguna decisión», expuso un portavoz.
Es vergonzoso como los políticos de este país utilizan a los asalariados como arma arrojadiza para buscar el desprestigio del oponente. Si la alcaldesa de Marbella tiene que recortar y/o dejar de pagar nóminas que empiece por los perros lacayos enchufados, llamados en la jerga política "cargos de confianza", que le suponen a las arcas municipales un buen peñizco. Prosiguiendo el recorte en los sueldazos de sus más estrechos colaboradores, caso de Carlos Rubio por ejemplo ( 120.000 euros anuales, para terminar en los concejales que también tienen un sueldo sobreelevado para el trabajo que desempeñan. Todo ello, reforzado con el despido inmediato de la cantidad de enchufados que el PP a colocado en el Ayuntamiento sin pasar ninguna prueba y saltándose a la torera la bolsa de trabajo.
¡POLÍTICOS ESTAFADORES! ¡TODOS LOS POLÍTICOS, JUNTO A LOS BANQUEROS, SOIS LOS GRANDES CULPABLES DE ESTA SITUACIÓN! ¡ALGÚN DÍA PAGARÉIS CARA VUESTRA TRAICIÓN AL PUEBLO ESPAÑOL!
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