Los 17 saharauis que arribaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero no serán repatriados, al menos de momento. La Audiencia Nacional decidió ayer suspender «de inmediato» su expulsión hasta que no se resuelva el recurso administrativo que interpusieron contra la decisión del Ministerio del Interior de devolverlos al Sáhara Occidental. La resolución judicial se produjo sólo una hora después de que José Luis Rodríguez Zapatero insistiese en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, en que ser saharaui no es condición suficiente para ser aceptado como asilado político.
El recurso de los saharauis llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 21 de enero. El escrito solicitaba la suspensión de su expulsión después de que Interior denegase la solicitud de protección jurídica internacional. La defensa de los saharauis, asesorada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), argumentó el «alto riesgo» que corrían si regresaban a su territorio. Cinco días después, el tribunal presidido por el magistrado José Luis Sánchez, acordó paralizar su salida hasta que los tribunales no resuelvan sus recursos por la vía ordinaria. Mejor suerte corrieron otros cinco saharauis que llegaron en la misma lancha neumática a Lanzarote. En su caso, Interior dio por buenas sus razones políticas para aceptar la petición de asilo.
Esta diferenciación fue el argumento utilizado por el portavoz del PNV para rebatir la posición del Gobierno en el Congreso. Josu Erkoreka señaló que todos los relatos de los saharauis eran «verosímiles», ya que han huido de un territorio donde «se ha constatado objetivamente la represión política y la vulneración de los derechos fundamentales.
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