LO OBVIO ES OBVIO

   Parece que tenemos que estar al borde del abismo para que nuestra clase política se dé cuenta de que lo obvio es obvio. Desde siempre, la mayor parte de la ciudadanía de este país ha sabido que los españoles, y como ya explicamos en artículos anteriores desde Marbella Resiste, no podemos pagar un Gobierno central y otros diecisiete autonómicos. Ahora, el propio Estado empieza a asumir algo que, precisamente por obvio, debió de afrontarse hace ya muchos años. El Ejecutivo central pretende ponerse duro con el endeudamiento de las autonomías, un poco tarde a tenor del manifiesto descontrol que ha primado en este país desde hace muchos años en materia de gobiernos regionales.

   Aunque a la actual clase política no le guste reconocerlo, las autonomías han sido utilizadas con demasiada frecuencia como el instrumento para pagar favores políticos, engordando artificialmente las plantillas y los cargos para colocar a los amiguetes de turno o a los cercanos ideológicamente, sin que los cambios de color en los ejecutivos significaran un reemplazo de enchufes sino el sumar más enchufados a los enchufados. A día de hoy, la autonomías son uno de los principales lastres que arrastra nuestra Nación, con un coste económico inasumible para las arcas públicas y, desde luego, para el bolsillo de los españoles.

   Ni el espíritu europeo justifica el gasto que supone todo el entramado de parásitos que viven a cuerpo de rey bajo la coartada de construir el concepto de Europa, ni por supuesto el andalucismo o el nacionalismo vasco o el catalán, o cualquier otra excusa autonomista y/o independentista que supone multiplicar por diecisiete el número de gobiernos que hay en España.

   La estructuración autonómica directamente no debería existir, o al menos no de la forma que lo hace en la actualidad. Lo que han hecho es engordar hasta lo indecible el entramada público multiplicando exponencialmente el número de recursos humanos y materiales dedicados a hacer lo mismo. Por eso no es accidental que las colisiones competenciales y funcionales se multipliquen mientras los españoles no damos abasto para mantener a un país de funcionarios que incrementa su ineficacia en igual medida que lo hace en número.

   Por ello, una reforma laboral en España debería ir acompañada, cuando no precedida, de una reforma administrativa en la que lo público se liberara de la carga de estos parásitos artificialmente contratados sólo para pagar favores o lealtades políticas. Pensad nada más en los casos que vosotros conocéis de sueldos públicos creados innecesariamente sólo para que cada " carguillo " coloque a sus fieles a vivir de la sopa boba de los impuestos de los ciudadanos. hora multipliquen esos casos por diecisiete y, si se atreven, amplíenlo a nivel del inmenso fraude que son las esas decenas de miles de eurofuncionarios a sueldo de ministro.Y ahora calculen cuántos impuestos tenemos que pagar para alimentar a tanto inútil.