TdE/Desde el 7 de mayo y hasta el 31 de julio el gobierno hará la vista gorda ante los empresarios que mantengan trabajadores sin asegurar. Y es que el plan de empleo sumergido que entrará en vigor el 7 de mayo, establece un período de gracia hasta el próximo 31 de julio, durante el cual los empresarios que así lo deseen podrán dar de alta en la Seguridad Social, sin recibir la sanción administrativa correspondiente, a todos aquellos trabajadores que mantienen en situación irregular, sin importar todo el período durante el cual los trabajadores estuvieron desprovistos de todo derecho socio-laboral, víctimas de la explotación laboral por parte de empresarios y de la desidia política, que permite perpetuar esta injusticia.El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 29 de abril, recoge la posibilidad de que los empresarios transgresores de la ley regularicen voluntariamente la situación de los trabajadores que mantienen ocupados en una situación irregular; pudiendo acogerse a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses.Transcurrido este periodo de gracia, las sanciones administrativas se endurecerán tanto a las empresas como a los trabajadores.A partir de agosto, toda empresa que incumpla la obligación de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social será castigada con una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y una máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.Mientras cuando un trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.Por otro lado, el plan pretende también una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; incluyendo la realización de campañas de sensibilización pública.El Real Decreto también contempla que las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.
TdE/Desde el 7 de mayo y hasta el 31 de julio el gobierno hará la vista gorda ante los empresarios que mantengan trabajadores sin asegurar. Y es que el plan de empleo sumergido que entrará en vigor el 7 de mayo, establece un período de gracia hasta el próximo 31 de julio, durante el cual los empresarios que así lo deseen podrán dar de alta en la Seguridad Social, sin recibir la sanción administrativa correspondiente, a todos aquellos trabajadores que mantienen en situación irregular, sin importar todo el período durante el cual los trabajadores estuvieron desprovistos de todo derecho socio-laboral, víctimas de la explotación laboral por parte de empresarios y de la desidia política, que permite perpetuar esta injusticia.
El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 29 de abril, recoge la posibilidad de que los empresarios transgresores de la ley regularicen voluntariamente la situación de los trabajadores que mantienen ocupados en una situación irregular; pudiendo acogerse a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses.
Transcurrido este periodo de gracia, las sanciones administrativas se endurecerán tanto a las empresas como a los trabajadores.
A partir de agosto, toda empresa que incumpla la obligación de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social será castigada con una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y una máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Mientras cuando un trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
Por otro lado, el plan pretende también una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; incluyendo la realización de campañas de sensibilización pública.
El Real Decreto también contempla que las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.
No hay comentarios:
Publicar un comentario