Un sacerdote de Zaragoza ha sido condenado a penas que suman 2 años y 6 meses de prisión por su participación activa en una red dedicada a favorecer matrimonios de conveniencia entre españoles e inmigrantes cuando se encontraba al frente de la parroquia de San Gregorio, en la capital aragonesa.
La Audiencia de Zaragoza ha condenado también a penas que ascienden a 1 año y 10 meses a tres mujeres de Barcelona que idearon el fraude a fin de rentabilizar el interés de los inmigrantes que recurrieron a sus servicios para conseguir con rapidez la nacionalidad española.
El tribunal absuelve, sin embargo, al Arzobispado de Zaragoza como responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a las más de cuarenta mujeres que fueron suplantadas para el fraude, al entender que la consignación por parte de los acusados de las cantidades reclamadas por la perjudicadas resta objeto a la propuesta de la fiscalía.
Estas condenas se derivan de un acuerdo previo entre la fiscalía y las defensas formalizado a mediados del pasado mes de octubre que proponía la aplicación de una atenuante “muy cualificada” de reparación del daño causados para reducir las penal inicialmente solicitadas, 16 años para cada uno de los procesados.
La sentencia responsabiliza a cada uno de los acusados de los delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y falsificación documental, agravado en el caso del párroco este último por estar cometido por una persona responsable de confesión religiosa.
El tribunal considera probado que el párroco, Francisco Javier H.O, en connivencia con las tres mujeres que conformaban la red, María Carmen B.C., “perlita”; Amparo C.J., “bambani”; y Josefa X.J., “la chunga”, ofició entre abril y diciembre de 2007 cincuenta falsos matrimonio.
La red se servía de forma mayoritaria de carnés de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuyas personalidades suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios, obteniendo beneficios las procesadas de entre 3.000 y 7.000 euros por cada boda fraudulenta, que en el caso del cura se situaban entre los 300 y 600 euros.
La Audiencia de Zaragoza admite la aplicación de la atenuante de reparación del daño causado, ya que los cuatro acusados consignaron alrededor de cien mil euros para pagar las indemnizaciones a las 44 mujeres perjudicadas, ya que el resto de bodas las realizaron las propias procesadas o cómplices.
Para el tribunal, el párroco implicado “no dudó en prestarse a participar en la mencionada trama a sabiendas de su ilegalidad, soslayando el cumplimiento de los requisitos necesarios para la celebración válida de los matrimonios”, y facilitando domicilios inexistentes en la ciudad a los contrayentes.
Admiten los magistrados que la utilización de carnés de identidad sustraídos o extraviados generó dificultades a las perjudicadas, las cuales, según afirma la sentencia, “se encontraron con que, sin haber tenido intervención alguna, figuraban como contrayentes de un matrimonio con una persona desconocida”, por lo que ordenan en su sentencia la anulación de las bodas en el Registro Civil.
La investigación fue iniciada ante las sospechas que provocó al juez titular del Registro Civil de Zaragoza los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españoles que se llevaban a cabo.
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