TdE/El debate sobre la preferencia nacional de acceso a los servicios públicos en tiempos de crisis, que buena parte de la UE discute por la presión de la pujante derecha populista, ha irrumpido también en España.
CiU estudia cómo excluir a los inmigrantes recién llegados de algunas ayudas e incluso de la tarjeta sanitaria.
El Alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), quiere exigir hasta siete años de residencia legal en el municipio como requisito para optar a algunas ayudas sociales.
Nadie habla explícitamente de excluir a los inmigrantes, sino de exigir un tiempo mínimo en el padrón para acceder a ayudas o servicios.
Esta es la fórmula que abanderan desde hace años la Liga del Norte en Italia, la derecha populista en Dinamarca, el Frente Nacional en Francia y el sinfín de partidos anti-inmigración.
El debate ha ido penetrando también en la UE por medio de partidos de gobierno de la derecha liberal, que ahora gobiernan en 22 de los 27 países de la UE, aunque, por ahora, de forma más retórica que con hechos.
Salud aspira a dar la tarjeta sanitaria sólo a los que acrediten seis meses de residencia aunque admite que no puede negar a nadie atención sanitaria, Empresa y Trabajo quiere elevar de uno a dos años el tiempo de residencia para acceder a la renta mínima de inserción (420 euros mensuales) para atajar el “fraude” y Bienestar Social pretende exigir cinco años de residencia legal de los padres para percibir una ayuda de 638 euros por niño de 0 a 3 años.
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“La ley es tajante: todos tenemos los mismos derechos y deberes. Lo que se está planteando en Catalunya no prosperará”, le secunda Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT.
“Si hay recursos para todos, fenomenal, la opinión pública en España siempre respalda los derechos de los inmigrantes”, explica Mónica Méndez, autora de La opinión de los catalanes sobre la inmigración (Fundació Bofill, 2009).
Pero advierte: “En cambio, en una situación de escasez, todo cambia y entonces aflora el principio de prioridad nacional de forma extendida”.
En el último sondeo sobre inmigración del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), del pasado marzo, es rotundo: casi el 62% considera que “los catalanes deberían tener preferencia a la hora de elegir la escuela de sus hijos”. El 48% cree lo mismo respecto a la atención sanitaria.
El 58% de los catalanes cree que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, para el conjunto de España son similares y más del 65% cree que reciben trato de favor en las ayudas escolares y en la sanidad.
Entre electores hay de todo tipo, los datos de quienes defienden la preferencia nacional en época de crisis son aplastantes entre los electores del PP, pero también muy importantes entre los electores de todos los demás partidos, incluido ICV: por esto el populismo agita en toda la UE la bandera de la preferencia nacional, aunque raramente la aplique.
“El que estaba acostumbrado a recibir ayudas no aceptará fácilmente que otro más pobre, quizá inmigrante, las reciba y él no”, apunta Sánchez. Y añade: “Es una percepción terrible, pero racional, y ello explica que muchos electores tradicionales del socialismo, de clases populares, se hayan convertido en votantes del PP e incluso de PxC”.
Consol Prados, secretaria de Inmigración del PSC, admite que “la izquierda necesita un discurso más claro, que, sin dejarse arrastrar por la presión populista, ofrezca ante la crisis orden y seguridad”.
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